A casi un año de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de descanso durante la jornada, bautizada como «Ley Silla», el panorama para las empresas ha cambiado drásticamente. Si el 2025 fue el año de la adecuación física, donde el cumplimiento se entendía erróneamente como la simple adquisición de mobiliario, este 2026 se perfila como el año de la fiscalización operativa. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de los centros de trabajo están mostrando vulnerabilidad.

En la práctica reciente, hemos notado que el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (la “STPS”) ha evolucionado en el manejo de las inspecciones. El inspector ya no se limita a un recorrido visual para contar asientos; su enfoque de revisión se ha desplazado hacia verificar la disponibilidad efectiva en el número de sillas para el uso de los trabajadores, en su descanso durante la jornada de trabajo. El problema real que se está presentando no es la falta de sillas, sino la prohibición tácita de usarlas. Muchas empresas conservan reglamentos o «políticas de piso» no escritas, que castigan al empleado por sentarse, bajo la premisa antigua de que «estar sentado es no estar trabajando». Esa discrepancia entre tener la silla y no permitir usarla constituye actualmente una de las principales causas de multas impuestas por la STPS.

El talón de Aquiles para el patrón radica en la documentación interna. La reforma no era solo logística, era normativa. Si la empresa no tiene un estudio y su Reglamento Interior de Trabajo (“RIT”) sigue intacto y no refleja los momentos, zonas y condiciones para el reposo, legalmente existe un incumplimiento, por más ergonómicas que sean sus sillas a utilizar por los trabajadores en sus descansos. La autoridad está exigiendo congruencia documental: no basta con el mueble, debe de existir respaldo en la normativa interna.

Adicionalmente, existe un componente de seguridad e higiene que suele ignorarse. No se trata de colocar cualquier banco. Si el asiento estorba en una ruta de evacuación o, por el contrario, su diseño pone en riesgo la operación de maquinaria por el tipo de respaldo, la inspección de «condiciones generales de trabajo» se convierte rápidamente en una de «seguridad y salud», con sanciones mucho más agresivas.

La recomendación es pragmática: se debe realizar una revisión interna de las comisiones mixtas y actualizar el RIT.  La autoridad está entrevistando al personal directamente para detectar si el descanso es real o simulado. Es imperativo actuar ahora para evitar que una inversión en mobiliario se convierta en una multa por deficiencias en la gestión laboral.