A inicios de este mes, el Gobierno de México anunció una estrategia transversal que incluye medidas regulatorias, administrativas e institucionales con el objetivo de incentivar la inversión en el corto plazo, particularmente en el contexto de la relocalización de cadenas productivas, o mejor conocida como nearshoring (el “Plan”).
El anuncio constituye un importante rediseño del entorno operativo para facilitar las inversiones, al incorporar mecanismos de autorización acelerada, simplificación administrativa y una mayor coordinación interinstitucional.
Uno de los ejes centrales del Plan es la reducción sustancial de fricciones regulatorias. Destaca la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones y su Comité de Inversiones, el cual fungirá como enlace para acompañar proyectos y emitir constancias de autorización en un plazo máximo de 30 días, actuando conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Además, se establece un mecanismo de aprobación por silencio administrativo, en virtud del cual, si los trámites necesarios para una inversión no son resueltos en un plazo de 90 días, se entenderán autorizados mediante “afirmativa ficta”. De manera excepcional, ciertos proyectos podrán acceder a autorización inmediata, particularmente aquellos que:
- Se ubiquen en Polos de Bienestar;
- Superen un monto de inversión de $2 mil millones de pesos, o;
- Pertenezcan a sectores estratégicos.
El Plan incorpora acciones de simplificación, con especial énfasis en la digitalización y homologación de trámites. En el sector energético, por ejemplo, se integran nueve trámites en un solo procedimiento digital y se crea un expediente digital único.
En materia de comercio exterior, se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, que concentrará los trámites del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México (“ANAM”), permitiendo la interoperabilidad de información, así como la trazabilidad de las operaciones a partir de un único expediente de comercio exterior, una medida particularmente relevante para empresas pertenecientes a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (“IMMEX”).
Reconfiguración del entorno fiscal y de cumplimiento
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT anunciaron medidas orientadas a fortalecer la certeza jurídica en materia fiscal. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- Procurar la realización de una sola revisión integral por ejercicio fiscal;
- La aplicación del principio de no retroactividad en auditorías;
- La mejora en los procesos de devolución de saldos a favor;
- La simplificación en la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y obtención de firma electrónica;
- El fortalecimiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente;
- Enfocar las revisiones en quienes presentan irregularidades y no los contribuyentes que cumplen correctamente;
- Endurecimiento en el combate a la evasión, particularmente en esquemas de facturación falsa.
Finalmente, se anuncia la sectorización de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (“PRODECON”) a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la relación entre contribuyentes y autoridades.
Para inversionistas y empresas con operaciones en México, este paquete abre oportunidades relevantes, pero también implica la necesidad de revisar su cumplimiento regulatorio y en materia fiscal con el propósito de aprovechar las ventajas de un entorno que privilegia rapidez y trazabilidad.